MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Perú ha decretado el estado de emergencia en cinco prisiones de alta seguridad como parte de sus medidas con el objetivo declarado de «fortalecer la seguridad ciudadana», lo que implica que la Policía mantendrá el control de estas instalaciones, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El decreto aprobado por el Ejecutivo de Keiko Fujimori afecta a las cárceles de Challapalca, en Tacna, Cochamarca, en Pasco, Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad, con la medida en pie durante un periodo de 60 días y que afecta a un perímetro de hasta 200 metros de distancia de los penales.
«En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal», ha señalado el Gobierno en su comunicado, en el que agrega que también «se establece que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles».
«Estas operaciones contemplan un control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas», ha manifestado, al tiempo que ha adelantado que habrá también «operativos permanentes» para el decomiso de teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas que puedan estar en manos de los reos.
El primer ministro de Perú, Luis Galarreta, ha sostenido que «independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad». «Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza», ha recalcado.
