LA PAZ, 9 Nov (NÓMADA NEWS).- Los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país se reunieron en La Paz en un encuentro de emergencia convocado por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), para analizar la situación económica de los gobiernos autónomos municipales y consensuar una agenda conjunta de demandas al Gobierno central.
Entre los principales planteamientos está una nueva distribución de los recursos económicos bajo el esquema 50-50, ofrecido por el Gobierno, mediante una aplicación gradual hasta consolidar ese modelo en 2030, además de una mayor participación de los municipios en las decisiones sobre la coparticipación tributaria y la construcción de un nuevo pacto fiscal.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó que la propuesta municipal busca que los gobiernos locales tengan una participación protagónica en las mesas de diálogo y negociación, junto con las gobernaciones y universidades; de igual manera, expuso en el encuentro la propuesta de La Paz para un tratamiento equilibrado del 50-50.
“Nuestra propuesta sugiere que lleguemos al año 2030 en cuatro etapas para que los gobiernos municipales reciban de ese 50%, 36%, que los gobiernos departamentales tengan el 6,7% y que las universidades lleguen a alcanzar un 7.3%, lo cual sería una distribución del 50% y queda el otro 50% en manos del gobierno nacional o gobierno central”, explicó, citado en un boletín de prensa.
Dockweiler planteó también que la redistribución de recursos debe construirse de manera participativa y democrática, con el objetivo de acercar los recursos económicos a los ciudadanos y fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios.
Por otra parte, dijo que otro de los puntos centrales del encuentro fue el impacto del incremento del precio del diésel en la ejecución de obras y el funcionamiento de los servicios municipales.
Dockweiler advirtió que el aumento del combustible de 9 a 18 bolivianos genera mayores costos para las empresas contratistas y las administraciones municipales, situación que – dijo – pone en riesgo la continuidad de proyectos de infraestructura, el recojo de residuos sólidos, el aseo urbano y otros servicios que requieren maquinaria.
Ante este escenario, informó que los alcaldes solicitaron al Gobierno nacional medidas de alivio financiero, reajustes y mecanismos que permitan garantizar los recursos necesarios para sostener las actividades planificadas hasta finalizar la gestión.
Por su parte, la alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, informó que los gobiernos municipales consideran prioritario contar con un Decreto Supremo de actualización de precios que permita garantizar la continuidad y conclusión de las obras públicas.
Explicó que los alcaldes establecieron como plazo el viernes 13 de noviembre para la emisión de esta norma que consideran fundamental frente al incremento de los costos de ejecución de proyectos y prestación de servicios.
Asimismo, plantearon un programa de readecuación financiera que permita revisar las condiciones de préstamos y deudas municipales, además de medidas de compensación para atender las necesidades de operatividad de los gobiernos locales.
En la reunión también se abordó la necesidad de garantizar mayores recursos para el funcionamiento de los servicios de salud, incluyendo insumos, mantenimiento y condiciones adecuadas de atención para la población.
Asimismo, otro de los temas fue iniciar un análisis jurídico, constitucional, técnico y financiero del régimen laboral municipal, con acciones relacionadas con la Ley 321.
Como resultado del encuentro, los alcaldes acordaron avanzar en la elaboración de un documento único que consolide la posición de los gobiernos municipales sobre la redistribución de recursos, la coparticipación tributaria y las medidas urgentes para enfrentar la situación financiera.
Red Central-rsl
