MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS). – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha instado este viernes al Congreso de Perú para que tome una decisión sobre el adelanto de las elecciones y ha asegurado que en su Gobierno “nadie tiene ningún interés en aferrarse al cargo”.
“Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga”, ha espoleado la presidente peruana, que ha prometido que su gobierno ejecutará dicha decisión “inmediatamente” y que ella no tiene interés alguno por quedarse más tiempo como presidenta de Perú, informa la agencia Andina.
En ese sentido, ha reclamado a los congresistas que “se pongan de acuerdo” ya sea para adelantar las elecciones para 2024 o ya bien para este año, como exigen quienes protestas desde hace ya ocho semanas en las calles del país.
Antes que ella, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, también ha apremiado al Congreso para que alcance una decisión sobre el adelanto electoral, remarcando que es “lo que el país requiere con urgencia”
“Que decidan, pero que decidan ya porque necesitamos convocar elecciones y establecer un calendario electoral (…) lo que el país requiere con urgencia es que se defina el calendario electoral y eso es responsabilidad del Congreso”, ha expresado el ‘premier’ peruano.
En ese sentido, ha salido a defender la figura de Boluarte, recordando que ya ella presentó un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones a abril de 2024 que está a la espera de ser ratificado en segunda votación.
Sin embargo, los manifestantes reclaman que las elecciones se adelanten a 2023, una demanda de la que se han hecho eco algunas fuerzas políticas, la última Fuerza Popular, cuya propuesta para celebrarlas en diciembre de 2023 ha sido calificada por Otárola de “audaz” e insiste en el Congreso para que resuelva la cuestión.
Se cumplen unas ocho semanas desde que miles de personas salieron a las calles exigiendo la liberación de Castillo, un adelanto de las elecciones y la formación de una asamblea constituyente y la salida de Boluarte, peticiones algunas de ellas negadas en rotundidad por un Gobierno, bajo sospecha y críticas por el más de medio centenar de muertos registrados durante la represión de las protestas.
